Un caso más sobre la pésima gestión pública de los recursos, y la bola cada vez más grande de deuda y de problemas futuros a los que se enfrentan las administraciones, y en consecuencia el ciudadano que deberá hacer frente con su dinero estos atropellos.
Y lo peor de todo, es que la crisis lejos de servir para solucionar el problema, lo está incrementando empobreciendo más al ciudadano de a pie:
"Desde 2001, la Administración local -ayuntamientos y corporaciones locales- han duplicado el número de empresas de su titularidad, hasta alcanzar las 1.449. Lo más llamativo es la aceleración que se ha producido durante la crisis. Gráfico: los ayuntamientos, descontrolados
Al compás del crecimiento del déficit público, desde 2007 han aumentado un 20,6%. Y desde 2009, epicentro de la crisis, se han creado más de 200 empresas. Además, el conjunto de ayuntamientos acumula más de 28.000 millones de deuda.
Pero uno de los objetivos y obligaciones del Gobierno radica precisamente en meter en vereda a la Administración Pública.
Aunque toda la atención se ha centrado en las comunidades autónomas, a la vista de los datos se observa que son las entidades locales las que más han incrementado el gasto en empresas de titularidad pública, hasta duplicar el número de dichos entes en algo más de una década.
Esta situación complica sobremanera la consecución de los objetivos de déficit, que debe acabar el año en el -6,3%. En ello coinciden los expertos consultados por elEconomista. El subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz, explica que las empresas municipales, al consolidar en el presupuesto, tienen que afectar "necesariamente de forma negativa a la hora de cumplir el objetivo de déficit".
El aumento de estas entidades ha sido ilógico. Pero una de las razones que puede explicar su expansión es que si la actividad de la empresa no está relacionada con servicios básicos como agua, luz, y similares no computa como deuda para el municipio. El profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos Luis Pires explica que se trata de un escape para los consistorios, máxime si se tiene en cuenta que "las empresas públicas tienen menos requisitos legales, evitan ponerse bajo el criterio del derecho administrativo, ya que así funcionan como empresas privadas aunque estén controladas por el sector público".
Huida de la norma
Se trata de un fenómeno denominado huida del derecho administrativo. "Las empresas públicas consiguen eludir rigores, intervenciones, controles", indica un experto jurista, quien matiza que "no es que no haya control, sino que éste es menos intenso". Ello explicaría esta incoherente evolución de las empresas públicas en la crisis.
Los analistas recuerdan que esa deuda "está ahí" y atañe a la administración responsable. En consecuencia, la Administración Local puede complicar la meta de déficit al Gobierno.
Los ayuntamientos en su conjunto acumulan más de 28.000 millones de deuda, más lo que quede oculto gracias a las trampas legales que pueden realizar.
Fernando P. Méndez, miembro del Consejo Editorial de elEconomista, advierte de que todavía no se ha puesto el foco sobre los ayuntamientos y sus empresas públicas. Y recuerda que no se han fusionado los municipios. Méndez emplaza al Gobierno a acabar con esa "grasa" acumulada.
Otro de los factores que señalan los expertos sobre el aumento de empresas de ayuntamientos es que éstas son un vehículo para contratar personal similar a los funcionarios sin que pase por oposiciones.
Con el inicio de la crisis y el alza del paro, las administraciones locales ofrecían empleo para adulterar la debacle laboral. Mientras crecía el número de asalariados públicos, en el sector privado mermaban. Los expertos indican que el alza de trabajadores de lo público desde 2007 hará más doloroso el ajuste ahora.
Ahí se incluyen "amigos y familiares que se colocan en la Administración Pública", recuerda el catedrático de Economía aplicada de la Universidad San Pablo CEU Rafael Pampillón. "Se ha hecho el ajuste de los ciudadanos, falta el de las Administraciones Públicas", advierte.
Desequilibrios
La tercera explicación, y la más recurrente entre los expertos, es la descentralización. Desde Agett, su portavoz cree que responde al modelo de Estado "que se está poniendo sobre la mesa", que cada vez le da más importancia a las administraciones locales y regionales y menos a la estatal. De hecho, Cataluña, Andalucía y País Vasco aglutinan el 54% de las empresas municipales.
En cuanto al proceso de descentralización, según el profesor Pires, "ha sido desequilibrado". "Se han descentralizado los gastos, pero no así los ingresos", critica el profesor. "Tendrían que haberse descentralizado ambos elementos. De otro modo, si un Gobierno regional quisiera gastar más, tendría que subir sus impuestos", explica el docente."
Fuente: El Economista
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